En reunión virtual realizada por la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso de Chihuahua, la cual es presidida por la diputada Rocío Sarmiento Rufino, fueron analizados diversos asuntos turnados para su estudio y análisis.
Dentro de estos asuntos resalta el análisis de los alcances de la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral, dictada en juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano en el expediente con clave JDC-02/2020, dada la actual situación de contingencia sanitaria nacional, que imposibilita reanudar el
proceso de consulta a pueblos y comunidades indígenas sobre medidas legislativas, ya que el Consejo Nacional de Salud prohibió reuniones en las que se congregaran un número masivo de personas, por lo peligroso que sería en cuestión de posibles contagios por COVID-19.
En esta misma reunión, se analizaron las iniciativas respecto de reformar los artículos 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General y 11 de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos ordenamientos del Estado, con el propósito de crear un cuerpo especializado de investigadores con conocimiento y dominio del idioma y cultura de los pueblos y comunidades indígena, para garantizar el derecho de acceso a la justicia.
Asimismo la relativa a solicitar al Gobierno del Estado de Chihuahua, instalar a la brevedad la Mesa Interinstitucional para la Protección de los Pueblos Indígenas ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19, a la que se incorporen las autoridades estatales, federales y municipales, que tendría como objetivo fundamental, la elaboración y ejecución del Protocolo Sanitario que contenga las acciones y procedimientos institucionales, basados en las recomendaciones de la Resolución No. 1/2020, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En la reunión señalada participaron las Diputadas Rocio Sarmiento Rufino, en su calidad de Presidenta de la Comisión legislativa, la Diputada Leticia Ochoa Martínez, en su calidad de Secretaria, los diputados vocales Jesús Velázquez Rodríguez y Fernando Álvarez Monje, además del personal de las áreas de Amparo y Dictamen de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos, así como los asesores y asesoras de las y los legisladores.
