El fiscal especializado en Control, Análisis y Evaluación, Jesús David Flores Carrete, invita a ser activos para erradicar esta problemática
• A través del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI) de la Agencia Estatal de Investigación, se brinda atención y asesoría
Al abordar la problemática de la presencia de drogas en las escuelas de la entidad, el fiscal especializado en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado, Jesús David Flores Carrete, hizo un llamado a la ciudadanía a no quedarse pasivos ante esta situación, sino a ser activos para atajarla.
En rueda de prensa, acompañado por la subinspectora del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI) de la Agencia Estatal de Investigación, Rosa María Segovia, Flores Carrete exhortó a los padres de familia, alumnos, autoridades educativas, sociedad civil y autoridades en general, a “ubicar este problema en su dimensión exacta, para sumarse y prevenir, investigar y erradicarlo en forma oportuna”.
Informó que se tiene detectado cómo algunos centros educativos pasan de ser lugares seguros y espacios de formación de libre desarrollo de la personalidad, a convertirse en puntos de consumo de venta o de distribución de sustancias ilícitas.
Por ese motivo, desde la Fiscalía General del Estado se hace el exhorto a que no se tome como una cosa menor, o “volvernos partícipes de una acción o de una omisión de la que luego tengamos que enfrentar sus consecuencias”, señaló.
A su vez, Segovia informó que a través de GOECHI se lleva una intervención formativa en los centros educativos, a petición de los propios planteles, en donde, por medio de pláticas, se hace de su conocimiento las conductas que constituyen un delito.
Además, indicó que se les concientiza acerca de las consecuencias que esas conductas acarrean, y se les brindan técnicas y tácticas de prevención y herramientas para abordar la problemática de drogas en las escuelas.
También detalló que se tiene intervención en diversas instituciones educativas, y que se trabaja de la mano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para no vulnerar o afectar los derechos del alumnado durante sus intervenciones.
Tanto el fiscal especializado, como la subinspectora del programa, precisaron que no se busca estigmatizar o criminalizar planteles o sectores, sino atender esta problemática en forma conjunta de la sociedad en general.
