Para las víctimas de feminicidio la justicia avanza a ritmo lento y en ocasiones nunca llega. En México se ha vuelto casi una regla que sólo bajo presión las autoridades hacen avanzar los casos.
A la espera de que un culpable esté tras las rejas siguen los crímenes de odio cometidos contra Mariana, Alicia, Sara, Jimena y Laura y algunos de ellos tuvieron que llegar hasta la Suprema Corte para que se ordenara su investigación como un feminicidio.
Hoy, en la Suprema Corte de Justicia, hay alrededor de 40 casos que están por
analizarse relacionados con feminicidios. El primero que se revisó fue apenas en marzo de 2015 cuando se marcaron las pautas y criterios para que las autoridades ministeriales del país investiguen con perspectiva de género y sin discriminación los casos para fijar si se trató o no de un feminicidio.
Para integrantes de la cúpula del Poder Judicial consultados por Excélsior, la impartición de justicia en estos asesinatos va a marcha lenta pues, entre que se da a conocer un crimen de género y lograr una sentencia, “hay un paso increíblemente grande”.
Esta situación es tan notoria que el propio ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío reconoce y lamenta que, a pesar de las graves situaciones que se han visto en el país respecto a la violencia contra las mujeres no son muchos los casos que están llegando a los tribunales y mucho menos los que llegan a la Corte.
“Yo creo que pasa algo que es muy triste en el país, hay momentos en que por diversas razones, como políticas o internacionales, se toma una moda, dicen que se legislará sobre violencia contra las mujeres y feminicidio y a la mejor se hace una buena ley, pero después en las condiciones operativas y prácticas pasa poco.
“En muchas ocasiones, pasando estos momentos de moda, estos momentos de gran presión, por ejemplo, después del desafortunado caso de las Muertas de Juárez, etcétera, hay una reacción estatal y después se deja, no se termina de hacer todo lo que se tenía que hacer y se va a otra acción”, lamentó Cossío.
De esta forma, el integrante del máximo tribunal expone que en estos casos quedan muchos cabos sueltos sin acciones completas y por tanto la posibilidad de transformación de la realidad va quedándose atrás.
Se plantearon las medidas que deben adoptar las autoridades mexicanas para considerar que están cumpliendo con su obligación de investigar efectivamente los hechos denunciados como casos de violencia contra las mujeres.
En específico, las diligencias técnicas criminalísticas que se deben realizar para que se respeten los derechos fundamentales de las víctimas en la investigación de posibles delitos de feminicidio y otros delitos de género.
A 8 AÑOS, MUERTE SIGUE IMPUNE
Han pasado casi ocho años de que Mariana Lima fue asesinada y hoy su entonces pareja y supuesto asesino no ha recibido sentencia, esto a pesar de que la Suprema Corte ordenó al gobierno del Estado de México que la muerte de la joven fuera investigada como feminicidio y se aceleraran las pesquisas.
Apenas en junio de 2016 un juez dictó auto de formal prisión en contra de Julio César Hernández, expareja y supuesto homicida de Mariana, luego de que se hallaran elementos suficientes para demostrar su presunta responsabilidad en el asesinato e iniciarle así un juicio.
Lo anterior, un año después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara al gobierno del Estado de México investigar de nueva cuenta el caso Lima Buendía como un probable feminicidio y no como suicidio, como lo había hecho inicialmente la Procuraduría General de Justicia de esa entidad.
Desde junio de 2010, los resultados de las investigaciones efectuadas por las autoridades mexiquenses se empeñaron en descartar un caso de feminicidio cometido contra Mariana y resolvieron que la joven se había suicidado.
Ese día inició una batalla jurídica para Irinea Buendía, mamá de Mariana, con el objetivo de comprobar que su hija fue asesinada y no se quitó la vida como concluyó la averiguación del Ministerio Público estatal.
Tras el nulo apoyo de la Procuraduría local, Irinea acudió ante el máximo tribunal del país argumentando las notables deficiencias de la Procuraduría del estado en la investigación de los casos de violencia contra las mujeres, por lo que estimó que éstas no reconocían la incidencia y gravedad del problema.
HACE 5 AÑOS DESAPARECIÓ CON SU BIBLIA
Con una Biblia bajo el brazo, Yenifer, de 16 años, salió de su hogar para dirigirse a un templo en Ojo de Agua, en Tecámac, iba a un seminario de estudios bíblicos que impartían los mormones en la localidad. Yeni, a quien describen como una joven muy devota, no volvió a casa y permanece en calidad de desaparecida desde el 4 de diciembre de 2012.
Dos meses después del extravío y luego de que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México repitieran la fórmula que a decenas de familias con hijas recién desaparecidas dicen sobre que “seguro está con el novio y luego regresará”, la mamá de Yenifer recibió la llamada de un hombre que le aseguró, en medio de groserías y amenazas, que tenía secuestrada a su hija y que “como ya no le servía” se la regresaría “con todo y Biblia” a cambio del pago de una millonaria suma de dinero.
El hombre no se volvió a comunicar con ella, pero las autoridades relacionaron la desaparición de Yenifer Velázquez Navarro con el de otras tres adolescentes que fueron secuestradas en los alrededores de Ecatepec y Tecámac por un militar involucrado en la trata de personas, así como en la violación y homicidio de otras jóvenes cuyos cuerpos fueron recuperados en el Río de los Remedios o en sus alrededores.
Este militar de nombre Erick Sanjuan Palafox, alias El Mili ya fue detenido por las autoridades mexiquenses, pero el caso sigue en los juzgados, donde se le liga con el secuestro y homicidio de las jóvenes Abril Caldiño y Bianca Barrón, además de la desaparición de Yenifer, Joseline Robles y Arisbeth Sánchez.
fuente: excelsior
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