Autoridades de Gobierno del Estado de Chihuahua e instancias internacionales de Derechos Humanos, se reunieron para analizar la problemática del desplazamiento interno forzado, así como proponer acciones de coordinación, asesoría y acompañamiento como parte de la atención integral.
En la mesa de trabajo estuvieron presentes colaboradores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) y autoridades de la Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales del gobierno chihuahuense, de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) y de la Fiscalía General del Estado.
También asistieron representantes de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas (COEPI); Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (COESVI); Secretaría de Hacienda; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Desarrollo Municipal; Secretaría de Salud y Secretaría General de Gobierno.
Tales dependencias son parte del Sistema Estatal de Víctimas, que tiene como facultades crear políticas públicas de atención a personas en situación de vulnerabilidad, quienes han sido víctimas del delito y/o de graves violaciones a derechos humanos.
La relatora especial de los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internas de la ONU Cecilia Jiménez-Damary, reconoció la voluntad del gobernador Javier Corral, para atender la problemática y a sus víctimas.
Durante el Foro Internacional del XX Aniversario de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, el mandatario estatal propuso cuatro directrices en donde participarían el Estado, la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil y las personas desplazadas.
Entre los acuerdos se busca impulsar la atención a víctimas en situación de desplazamiento, analizar el marco normativo y proponer el tema en reuniones con autoridades federales.
También, la COEPI ofreció a la FGE y a la CEAVE, participar en la pertinencia cultural, por medio de traductores quienes brinden una atención grupal y colectiva.
Los presentes se comprometieron a dar seguimiento a las propuestas del gobernador, relativas al Diagnóstico Preliminar sobre Desplazamiento Forzado Interno.
También acordaron analizar una subcuenta especial dentro del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a Víctimas (FAAR) implementar un protocolo de seguridad para un retorno seguro y voluntario, y salvaguardar el patrimonio de los desplazados.
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