En relación a la aplicación y distribución de la vacuna contra el COVID-19
Integrantes de la Diputación Permanente de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobaron la iniciativa
de urgente resolución presentada por la diputada del PAN, Georgina Bujanda Ríos, por medio de la cual, se exhortó al
Poder Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Salud, haya una adecuada y transparente distribución de la vacuna contra el COVID-19 en todos los estados y municipios de la República Mexicana, y dé a conocer detalladamente por Entidad Federativa, el Plan Nacional de Vacunación.
Dentro de su exposición, la diputada señaló que hace ya casi un año, enfrentamos a una terrible enfermedad, la pandemia de COVID-19; “sin duda han sido meses muy difíciles para la socie
dad y los gobiernos. La pérdida de vidas de seres queridos, las dificultades económicas así como la nueva normalidad, quedará por siempre plasmados en nuestra historia”.
En nuestro país, según información de la Dirección General de Epidemiología, hasta el día 14 de enero del presente año, suman un total de 1 millón 571 mil 901 casos confirmados de COVID-19, mientras que en Chihuahua, la Secretaría de Salud del Estado, informó que hasta el día 13 de enero de este 2021, se contabilizaron un total de 47 mil 891 casos confirmados, y el número de personas fallecidas es 4 mil 438.
Dado a las cifras brindadas por las autoridad
es correspondientes, es que se insta de manera urgente al Ejecutivo Federal, para que dé a conocer la estrategia de vacunación, que si bien se publicó el orden en que las personas podrán ser vacunadas, según su edad y vulnerabilidad, no se transparentó la distribución y número de vacunas para cada entidad del País; continuó Bujanda Ríos.
Agregó que el lograr inmunizar a todas y todos los mexicanos, es un reto enorme, por lo que la cooperación y la transparencia no deben de prescindir en estos momentos tan trascendentales que determinarán el rumbo que tome la pandemia en nuestro estado y país.
Es por lo anterior, que la Legisladora pide que al Poder Ejecutivo Federal convocar a la brevedad al Consejo de Salubridad General, como autoridad constitucional, para normar, coordinar y ejecutar las acciones pertinentes para superar la enfermedad de esta naturaleza y se dé a conocer la logística de aplicación y distribución de la vacuna en mención.
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El Congreso de Chihuahua, a través de su Diputación Permanente, aprobó la iniciativa presentada por la diputada del PAN, Blanca Gámez Gutiérrez, mediante la cual se exhortó al titular del Poder Ejecutivo Federal, con el objeto de que desista de enviar la propuesta que busca eliminar los organismos autónomos, toda vez que dicha modificación crearía un retroceso, vulnerando así los derechos humanos y un freno al desarrollo económico y social del País.
Dentro de su exposición, la Legisladora refirió que en días pasados, se dio a conocer por parte del Ejecutivo Federal que en el próximo mes de Febrero, se enviará al Poder Legislativo una iniciativa en la que propondrá la desaparición de los Organismos Autónomos, tales como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Nacional Electoral (INE), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entre otros, por considerar que sus funciones podrían ser desempeñadas por dependencias de la administración Pública Federal y con ello ahorrar presupuesto.
“Es importante reflexionar que dichos Organismos surgieron a principios de los años 90´s, los cuales han sido empleados para ejercer funciones y atribuciones especializadas y altamente relevantes del Estado como lo es la banca central, telecomunicaciones, energía, transparencia, la materia electoral, la protección de los derechos humanos y la procuración de justicia, entre otras”; continuó Gámez Gutiérrez.
Dentro de su exposición, la Legisladora numeró de acuerdo a datos proporcionados por la COPARMEX, parte de los logros de los organismos autónomos que se busca eliminar, entre ellos:
1. INEGI, la imparcialidad derivada de su autonomía, ha permitido que se consolidara como una de las instituciones más confiables del Estado Mexicano y hoy se tiene certeza de que la información estadística que produce depende estrictamente de criterios técnicos y no de intereses políticos.
2. Banco de México, en los años sesentas se puso en evidencia el riesgo de que le Poder Ejecutivo interviniera en la política monetaria. Dentro de su ley Orgánica quedó claramente instituido el “procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional”, lo cual permitió imponer límites al crédito que la institución central podía prestar al Gobierno Federal, lo cual ha permitido que el país goce de una política monetaria responsable y con mayor control de la inflación y un mejor desempeño en entornos críticos, tales como la recisión del 2008.
3. INE, diversas reformas y su misma creación fue determinante para que se constituyera un sistema electoral que sentó las bases de certeza, especialidad e imparcialidad en la función electoral que permitieron paulatinamente la alternancia. Hoy en día México cuenta con elecciones confiables, creíbles y organizadas profesionalmente.
4. Es importante mencionar también el caso de las autonomías constitucionales y legales que se han logrado en materias especializadas (Telecomunicaciones y Competencia Económica) las cuales atienden y regulan temas críticos para el desarrollo económico del País.
“Resulta notable destacar, que el crear los organismos autónomos fue un claro avance en la democracia, y por el contrario, la propuesta del Presidente, a todas luces genera una incertidumbre política y social ya que se denota que es con un ánimo de centralizar, aún más, el poder; “El poder que no es limitado lleva necesariamente al abuso y a la arbitrariedad” señalaba Montesquieu. Pero si el poder “está distribuido entre distintos órganos que mutuamente se frenan, queda cerrada la posibilidad de que el poder constituido se haga ilimitado, soberano”, agregó la iniciadora.
Es bien sabido por todos que las condiciones económicas en las que nos encontramos tanto por decisiones políticas, como por la pandemia que aún no hemos superado, son muy desfavorables, sin embargo echar mano de más presupuesto a costa de la garantía de los Derechos Humanos y la estabilidad económica y social, se considera un error y un retroceso que podría ser aún y más costoso a largo plazo; finalizó.
