– Destaca la importancia de brindar servicios incluyentes y adaptados para preservar la vida y proteger los bienes de las personas que no pueden comunicarse en español.Chihuahua, Chih.- La diputada Isela Martínez Díaz presentó un punto de acuerdo con el fin de exhortar a la titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI) y la Secretaría de Cultura Estatal, se creen e implementen capacitaciones dirigidas a los operadores del número único para la atención de emergencia 9-1-1, con la finalidad de brindar un servicio adecuado e incluyente para las personas hablantes de la lengua rarámuri.La legisladora declaró que en Chihuahua habitan alrededor de 110 mil personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígena. Además, el rarámuri es la lengua indígena más hablada en la entidad con aproximadamente 86 mil hablantes, distribuidos en 18 municipios del estado; los datos censales muestran que el 14.6 % no habla español y la cifra se eleva a 19% entre las mujeres, además, de cada 100 personas que hablan alguna lengua indígena, 12 no hablan español.Explicó que el Número Único de Emergencia 9-1-1 es operado desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-4) en la capital del estado, el cual no llega a algunas zonas serranas. Sin embargo, a finales del año pasado el titular de la Secretaría de Seguridad Pública anunció la implementación del Proyecto Centinela, un esquema de seguridad total que incluirá a 13 municipios más, lo que beneficiará a más comunidades ubicadas en zonas remotas.Aunado a lo anterior, en el Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-202, se planteó el objetivo de obtener certificación se la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), la cual dentro de sus estándares establece que se necesitan personas bilingües para la atención del número único de emergencias, esto incluye al inglés, pero también al menos la lengua indígena más predominante del estado.Por estos motivos, subrayó la importancia de que las instituciones y servicios que se ofrecen, sean incluyentes y adaptados para brindar atención a todas y todos, e hizo hincapié en la necesidad de que un servicio tan básico y esencial como lo es el 9-1-1, cuente con la profesionalización necesaria por parte de sus operadores para brindar atención a los sectores de la población que se encuentran en vulnerabilidad por no hablar español y habitar en zonas de difícil acceso, como es el caso de muchas comunidades indígenas.Cabe destacar que este punto de acuerdo fue aprobado por el pleno del Congreso del Estado, ya que se presentó con carácter de urgente resolución.
