La educación como derecho constitucional fue el primer eje abordado en el conversatorio “Cambios y experiencias del derecho de los pueblos indígenas a la educación”, orientado a promover un diálogo entre generaciones, para buscar una sociedad abierta.
María Teresa Guerrero Olivares, titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi), expuso lo anterior durante la inauguración de los diálogos, desarrollados en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Explicó que esta reunión, permitió escuchar a las juventudes indígenas sobre sus realidades personales y la experiencia vivida dentro del sistema de educación, particularmente en el Programa Universitario Indígena.
Por su parte, Sofía Castillo Chávez, encargada de la Unidad de Género de la Coepi, precisó que la investigación del Censo 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), identificó una población total de 401 mil indígenas en el estado de Chihuahua.
De estas comunidades, el 24.2 por ciento no sabe leer ni escribir, lo que representa 21 mil 419 personas.
Los municipios con mayor grado de analfabetismo son Guachochi, Guadalupe y Calvo, Batopilas y Bocoyna, que representan más del 36 por ciento de la población analfabeta total del estado, lo que se relaciona con el grado de marginación, observó Castillo Chávez.
Respecto a las necesidades educativas expresadas por los pueblos Rorámuri y Rarámuri durante las audiencias públicas, fueron solicitados espacios adecuados, que la capacitación universitaria sea especializada y no solo técnica, así como la instalación de albergues para estudiantes universitarios.
Solicitaron disponer de maestros bilingües, que respeten y comprendan sus costumbres y tradiciones, que en las clases se hable sobre la historia de sus ancestros, juegos tradicionales, y que se impartan talleres para artes y oficios, además, que se brinde hospedaje para universitarios, personal indígena y programas de no discriminación.
En cuanto al pueblo Ódami, pidieron maestros y maestras bilingües, que no falten tanto y que se elimine la discriminación monolingüe, a la vez que el pueblo Pima, requirió de infraestructura, equipo y becas alimenticias, además de que reclamó el cierre de seis de las nueve escuelas en el territorio.
Los Warijó por su parte, coincidieron con lo anterior, a la par del analfabetismo de la juventud y la influencia que ha tenido la violencia en la zona.
Castillo Chávez, reconoció que en la educación existe un desarraigo de la realidad sociocultural de los pueblos indígenas, lo cual se ha generado porque los docentes desconocen la lengua, usos y costumbres, y existe discriminación hacia su vestimenta.
Enrique Servín Herrera, jefe del Departamento de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, también participó en el conversatorio, en el que señaló que estos pueblos han sido los más perseguidos y discriminados, a pesar de que la palabra “indígena” es una palabra griega, cuyo significado es “lo propio, lo original”.
Destacó que por ley, deben ser reconocidos como entidades políticas, con derechos plenos sobre los recursos de su suelo, y para ello, es determinante la educación que se ha convertido en exógena y neocolonial.
“No solo tenemos el derecho, sino la obligación de participar en estos diálogos, porque en más de un siglo, el Estado ha interiorizado el modelo neocolonial, lo cual ha hecho que pierdan su lengua tradicional”, consideró. “Los pueblos indígenas ya la consideran un estorbo y ven al castellano como un instrumento de progreso, cuando nunca ha demostrado ser un elemento de progreso. La lengua por sí misma es un instrumento de educación”, expresó.
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