Según datos estadísticos, Chihuahua está dentro de las nueve entidades federativas que con alto índice de averiguaciones previas por el delito de trata de personas a nivel nacional, dado a esto, la diputada del PAN Liliana Ibarra Rivera, representante del distrito 9, presentó una iniciativa de Decreto, a fin de expedir la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado De Chihuahua.
Aunado a que la Entidad está dentro de los primeros diez lugares de averiguaciones en este delito, la zona fronteriza es considerada un foco rojo dentro de dicha problemática; mientras que Delicias y la Capital son considerados como paso de las redes delictivas.
Por esto, es que urge contar con un instrumento de prevención y erradicación del delito de trata de personas, además de que el mismo, esté armonizado con la Ley General, lo que permitirá apoyar las acciones de respeto irrestricto a los derechos humanos, e identificación de los factores que los vulneren.
Sabedores de la existencia de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y de Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a nivel nacional, el Estado no contaba con un ordenamiento especial en la materia.
Además, dado a las características de la Entidad, por su ubicación geográfica ocurren con mayor incidencia conductas relacionadas con la trata de personas, “por lo que resulta imperativo que las instancias de gobierno, legisladores y sociedad civil estemos al día, para generar políticas que prevengan e inhiban la comisión de este acto tan reprochable e indignante, que constituye uno de los problemas actuales cuyos efectos se asemejan a los del narcotráfico”, señaló la Legisladora.
Esta petición se hace aún más necesaria, dado a que, a nivel internacional, El Protocolo de Palermo o de Trata de Personas, entró en vigor el 25 de diciembre de 2003 y para febrero de 2014 había sido ratificado por 159 Países, entre ellos México, instituido precisamente para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.
Es por todo lo antes señalado, que de aprobarse la iniciativa de Decreto solicitada, las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, deberán desarrollar políticas públicas, planes, programas y acciones para prevenir los delitos establecidos en la ley general antes mencionada.
Además, deberán brindar atención, protección y asistencia a las víctimas, posibles víctimas y ofendidos de estos delitos; así mismo, velarán por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y las víctimas indirectas del delito de trata de personas, debiendo adoptar en todo momento medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico, psicológico, su intimidad y el resguardo de su identidad y datos personales.
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