Muchas empresas que realizan actividades vulnerables conforme a la Ley en materia de Prevención de Lavado de Dinero, han hecho caso omiso de las responsabilidades que tienen por desconocimiento o simple desinterés, pero no advierten el riesgo que tienen de ser multadas con montos que van desde los 15 mil hasta los 750 mil pesos, por cada error u omisión.
Lo anterior se expresó dentro del Módulo V del Seminario de Impuestos, relacionado a “Las Actividades Vulnerables y sus Implicaciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero”, que ofrece el Instituto y Colegio de Contadores de Chihuahua a través de los miembros de la Comisión de PLD.
Una de las participantes en este módulo, la Contadora Pública Rocío Beltrán del Río, del reconocido despacho Beltrán del Río con sede en Delicias, expreso que existe aún gran desconocimiento en torno a la Ley Antilavado por parte de los
sujetos obligados, que son aquellos que -realizando actividades lícitas- son vulnerables a ser utilizados por terceros para el blanqueo de sumas relevantes.
Y es que en México, prosiguió Rocío Beltrán es innegable la circulación de importantes cantidades de dinero ilícito, en un problema que se ha enraizado a través de los años y en el que participan no sólo delincuentes como narcotraficantes o tratantes de blancas, sino también fondos derivados de la corrupción, en un fenómeno que el nuevo gobierno se ha propuesto combatir.
Reconoció que tratarlo de fondo no será tan sencillo, “pero ojala que sí lo logre”.
Informó que los obligados por esta ley son quienes realizan actividades vulnerables para el lavado de dinero, como lo son inmuebles, joyería, automotores o vehículos en general e incluso el mutuo, préstamos o créditos.
A 60 meses de que entro en vigor la norma aún muchos la desconocen y no están cumpliendo con temas como identificar ante el SAT a sus clientes, darse de alta en el portal antilavado y mandar sus avisos, “entonces eso es a lo que venimos a dar de mensaje para que la gente se concientice”.
Por su cuenta el Contador Público Aldo Valenzuela -del despacho DFK- ponderó la importancia de concientizar un poco al gremio de contadores que son los especialistas a los que recurren las empresas para solucionar sus necesidades ante el fisco.
Informó que las sanciones que está imponiendo el gobierno de México están motivadas por revisiones que ha hecho el organismo internacional que regula el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), las cuales por cierto aún no son generalizadas.
Lo que llama la atención al GAFI es que si bien el gobierno tiene un sistema muy robusto para ir compilando las actividades vulnerables, como sujetos obligados, y ha estado omitiendo las sanciones aún en conocimiento de quienes no están cumpliendo.
Finalmente el Contador Público Mario Mendoza -del despacho Márquez Ruíz Nevárez- subrayó que la participación en este módulo tiene el objetivo de evitar que las empresas obligadas sufran la aplicación de multas por omisiones a la Ley de Lavado de Dinero, las cuales son de 15 mil a 750 mil pesos.
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