Ambos dictámenes con carácter de decreto, se presentaron ante el Pleno constituido en la Ciudad de Juárez, por los diputados Misael Máynez Cano y Alejandro Gloria González, quienes detallaron que, a lo largo de los años, estos segmentos de la población antes mencionado, han sufrido de diversas problemáticas que deben de resolverse de manera puntual.
Comisión Especial de Atención al Programa Paisano:
Presidente: Misael Máynez Cano
Secretaria: Ana Carmen Estrada
Vocal: Deyanira Ozaeta Díaz
Vocal: René Frías Bencomo
Vocal: Rosa Isela Gaytán
Vocal: Jesús Valenciano
Vocal: Patricia Jurado Alonso
Comisión Especial de Atención a Migrantes:
Presidente: Alejandro Gloria
Secretario: Miguel Ángel Colunga
Vocal: Omar Bazán Flores
Vocal: Misael Máynez Cano
Vocal: Marisela Terrazas Muñoz
Cabe mencionar que ambos dictámenes fueron propuestos ante el Pleno por la Junta de Coordinación Política, en función de que se tenga la vigilancia y seguimiento a las quejas que se presentan, así como la atención a las peticiones de asistencia y de información, en coordinación con las demás autoridades para dar un adecuado y oportuno apoyo a los “paisanos” y migrantes.
Ciudad Juárez, Chih.- El Poder Legislativo de Chihuahua, en Sesión Ordinaria, emitió la declaratoria de reforma constitucional de los artículos 4º, 64 y 179, relativo a la integración del Consejo General del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Fueron 27 los ayuntamientos que emitieron su voto a favor, los cuales representan el 80.09% de la población del Estado, conforme al censo 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con lo que se aprueba la reforma a la Constitución Política de Chihuahua, en los artículos ya mencionados.
Una vez realizada la Declaratoria de aprobación, el Presidente del Poder Legislativo, dio la instrucción para enviar al Ejecutivo Estatal el Decreto No. LXVI/RFCNT/0400/2019 I P.O., para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Cabe mencionar que al entrar en vigor las adecuaciones realizadas, el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, tendrá un Consejo General, será el órgano supremo y se integrará por tres personas comisionadas propietarias, quienes designarán a la persona titular de la Presidencia de entre sus integrantes; habrá tres personas comisionadas suplentes.
Las personas comisionadas propietarias y suplentes durarán en su encargo siete años y no podrán ser reelectas; serán designadas cada una por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes, a propuesta de la Junta de Coordinación Política y el ejercicio de esta facultad está sujeto a las restricciones fijadas por la ley.
Ciudad Juárez.-El Poder Legislativo reformó el artículo 3º de la Ley de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez con la finalidad de que esta institución imparta posgrados dentro de su oferta educativa.
La diputada Deyanira Ozaeta, integrante de la Comisión de Educación y Cultura, señaló que dicha adecuación se realiza dado a que esto representará grandes oportunidades para los profesionistas del Estado y se traducirá como un beneficio a corto y largo plazo, para la industria y prosperidad de la región.
Agregó que, se mantendrán las denominaciones de Técnico Superior Universitario, así como Profesional Asociado, y se obliga a la Universidad Tecnológica a realizar las gestiones, trámites y autorizaciones pertinentes ante las autoridades competentes, así como la suscripción o modificación de instrumentos necesarios, para la impartición del nivel académico de “posgrado”.
Señaló que para llegar a dicha determinación, se tomaron en cuenta las características de los posgrados existentes en la región (oferta); con la intención de no provocar una saturación del sistema educativo.
Para culminar, agregó que por la naturaleza del ámbito geográfico de la institución educativa, en una de las fronteras más importantes del País y en su carácter de espacio donde se cultiva el conocimiento, hace que tenga un papel relevante en la identificación de necesidades, para definirlas a profundidad, en busca del desarrollo sustentable del País y de la región a largo plazo, y con ello, fortalecer el compromiso con la calidad, pertinencia, equidad, y los valores.
Por lo mencionado anteriormente, el artículo 3º de la citada Ley, quedó redactado de la siguiente manera: la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, tendrá por objeto principal impartir Educación Técnica Superior, para formar profesionistas a los que se les denominará Técnico Superior Universitario, así como Profesional Asociado, en programas de continuidad de estudios para sus egresados y para los de otras instituciones de educación superior que impartan el mismo tipo educativo, que permitan a los estudiantes alcanzar el nivel académico de Licenciatura, y Posgrado, con aptitudes y conocimientos científicos y tecnológicos que coadyuven en la solución creativa de problemas, con un sentido de innovación y la aplicación de avances científicos y tecnológicos.
Cuidad Juárez.- El Poder Legislativo de Chihuahua, reformó el artículo 22 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, con la finalidad de incorporar a la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI) como parte de la Subcomisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
A partir del año 2000 dio inicio una estrategia gubernamental centrada en la prohibición de la discriminación y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, señaló la diputada Leticia Ochoa, integrante de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del Estado, ante ello, surgió a nivel nacional la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el año 2003, tras ella surge el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, como la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que a su vez, dio origen al Instituto de Lenguas Indígenas.
Agregó que dentro de ordenamientos internacionales, se obliga a los estados, prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y expresiones, y garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley y el goce de derechos económicos, sociales, políticos, culturales y civiles.
Es por lo anterior que se realiza la adecuación a la Ley Estatal en materia, con la finalidad de agregar a la COEPI, autoridad especializada en derechos indígenas, como parte de la Subcomisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con la finalidad de favorecer a la población indígena y minorías étnicas; culminó la Legisladora.
Ciudad Juárez.- Con la finalidad de adecuar la denominación de la extinta Coordinación Estatal de la Tarahumara, por la de Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, y de la Secretaría de Educación y Deporte, por la Secretaría de Educación, el Congreso de Chihuahua, reformó diversos artículos de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas.
El diputado Fernando Álvarez Monje, al presentar el Decreto de reforma, en representación de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, señaló que dichas adecuaciones se realizan con el propósito de dar congruencia jurídica y permitir una adecuada articulación e interacción institucional entre las áreas, ya que al modificarse la estructura del Poder Ejecutivo Estatal, múltiples dependencias y entidades de la administración pública cambiaron de denominación, sin embargo, en algunos de los artículos de la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas, se omitió hacer la adecuación correspondiente.
En otras palabras, es importante guardar la debida relación entre las normativas estatales, para evitar contradicciones en su contenido y no se afecte la unidad y coherencia entre las instituciones jurídicas, por ello, se corrigió el ordenamiento ya mencionado, para cumplir con los principios de racionalidad lingüística, jurídico formal y de congruencia, robusteciendo la garantía de seguridad jurídica que el orden constitucional establece y protege, agregó el Legislador.
Finalizó al señalar que se debe tener la cautela y coherencia necesaria para evitar lagunas jurídicas, es decir, hipótesis o situaciones que carezcan de una regulación adecuada para ser resueltas; en suma, se trata de que no existan vacíos en la ley y atender a las recomendaciones, principios y directrices de la teoría jurídica, para lograr un sistema jurídico sólido y eficaz.
Por lo antes mencionado, fueron modificados los artículos 13, párrafo segundo; 25, párrafo segundo; 29, fracciones II, VII y X; 30, párrafo primero, de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua.
Los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Secretario Técnico de la Mesa de Seguridad en el Estado, Luis Fernando Ávila González, comparezca ante el Pleno para que informe respecto a las circunstancias y estrategias para detener la situación de violencia en Chihuahua.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Gustavo De la Rosa Hickerson del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, quien detalló que estas acciones van dirigidas a la Secretaría de Seguridad Nacional.
En este sentido, determinó que los hechos de violencia e inseguridad que se han registrado en el estado durante las últimas semanas y en específico, en el caso con los integrantes de la Familia LeBarón, los legisladores solicitan la presencia del funcionario de índole federal.
“Cuando lamentablemente se presentaron estos hechos violentos, nosotros como legisladores exigimos su presencia e incluso, suspendimos nuestras labores legislativas cotidianas para centrar el tema de seguridad en esa ocasión”, recordó de La Rosa Hickerson.
Afirmó que aún y con estas acciones, el funcionario federal ha hecho caso omiso a las peticiones realizadas por los diputados locales, por lo que recalcó que es necesario que el titular de la citada Secretaría, atienda la petición.
“No estamos dispuestos a permitir que los índices en materia de inseguridad sigan creciendo en la entidad, así como tampoco podemos parar los trabajos de esta Soberanía, hacemos un llamado al Secretario de Seguridad nacional y Protección Ciudadana a efecto de que exija al Secretario Técnico comparezca e informe a este Poder Legislativo las acciones emprendidas en materia de seguridad”, concluyó.
Los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Poder Ejecutivo Estatal, para que en el uso de sus atribuciones y facultades, solicite de manera inmediata ante el Poder Ejecutivo Federal, una Declaratoria de Zona de Desastre Natural por los Fenómenos Meteorológicos presentados en los municipios de Batopilas y Urique.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Jesús Velázquez Rodríguez del Partido Revolucionario Institucional, quien detalló que estas acciones se deberán realizar por medio de la Secretaría de Gobernación.
En este sentido, expresó que se contempla de igual manera, que se implemente de manera urgente, un Plan de Emergencia que provea de servicios básicos para los pobladores; precisó que este instrumento financiero, el Fondo de Desastres Naturales, deberá de proveer de los recursos necesarios para garantizar las propuestas realizadas.
Por último, afirmó que es necesario que el Gobernador del Estado actúe en consecuencia y solicite la declaratoria como zona de desastre a los municipios de Batopilas y Urique, asimismo es imperante que se implemente un programa emergente que cubra las necesidades de las personas afectadas, sobre todo el reestablecer los servicios básicos para los pobladores.
Los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Poder Ejecutivo Estatal, para que en el uso de sus atribuciones y facultades, solicite de manera inmediata ante el Poder Ejecutivo Federal, una Declaratoria de Zona de Desastre Natural por los Fenómenos Meteorológicos presentados en el municipio de Chínipas.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Omar Bazán Flores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien detalló que estas acciones se deberán realizar por medio de la Secretaría de Gobernación.
En este sentido, expresó que se contempla de igual manera, que se implemente de manera urgente, un Plan de Emergencia que provea a los pobladores de agua potable; precisó que este instrumento financiero, el Fondo de Desastres Naturales, deberá de proveer de los recursos necesarios para garantizar las propuestas realizadas.
“Tras los fenómenos meteorológicos acontecidos en el Estado al menos en el municipio de Chínipas, el presidente municipal nos da a conocer las afectaciones que tuvieron en el sistema de Agua Potable, pues la crecida del Río cubrió por completo el equipo de bombeo y actualmente no cuentan con el vital líquido para cubrir las necesidades”, agregó el legislador.
Además de esto, recalcó que los caminos de Chínipas a las Tunas y de Chínipas a Guadalupe, se encuentran intransitables por deslaves, el acceso aéreo se encuentra comprometido por las fuertes lluvias y que han provocado que el asfalto de la pista se dañara.
“Los cercos los arrancó la corriente del agua, asimismo los Potreros que se encuentran a los costados del Río Otero fueron completamente arrasados por la crecida del Río, aunado a las afectaciones en las viviendas de las cuales aún no se determinan los detrimentos; El departamento de Protección Civil realiza recorridos para establecer los daños potenciales por el fenómeno meteorológico”, concretó.
Por último, afirmó que es necesario que el Gobernador del Estado actúe en consecuencia y solicite la declaratoria como zona de desastre al municipio de Chínipas, asimismo es imperante que se implemente un programa emergente que cubra las necesidades de las personas afectadas, sobre todo el reestablecer el servicio de Agua Potable, por ser vital para los pobladores.
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