–Los gobiernos enfrentan un reto para construir un nuevo modelo de gobernabilidad; el anterior, está totalmente agotado:Joel Salas Suárez, cabeza del órgano garante de la transparencia.
Desde Chihuahua se gesta una “revolución silenciosa” en la relación entre Estado y medios de información, consideró Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al participar en la Jornada de Acceso a la Información y Transparencia en Publicidad Oficial, promovida por el Gobierno del Estado.
“De una manera u otra, los medios jugaron un papel fundamental para legitimar durante muchos años a los gobiernos, pero cuando el gobernador Corral dio a conocer su plataforma de manejo de publicidad oficial, hubo un cambio por completo en las reglas del juego”, expresó.
El comisionado del INAI, señaló que se requiere que los chihuahuenses tengan la capacidad, mediante el uso estratégico de la información pública, de exigir a las autoridades, se atiendan las prioridades, en el ejercicio del gasto del presupuesto.
“Hubo la percepción por los medios, de que se detonaba un proceso de hostilidad en su contra. Insisto, es una revolución silenciosa, porque cambia por completo las reglas del juego. Hoy podrás saber si lo que a ti te pago, es lo mismo que le pago al otro medio que tiene más o menos la misma cobertura. Vas a poder ver que no hay compadrazgo entre quien asigna la pauta publicitaria y los dueños de los medios”, explicó.
Destacó que la misma ciudadanía podrá analizar la asignación de la publicidad, para que efectivamente la publicidad oficial, obedezca a la difusión de los servicios a que los chihuahuenses tienen derecho.
El reto actual para los gobiernos, es construir un nuevo modelo de gobernabilidad, ya que el modelo anterior, incluso con la alternancia en la Presidencia de la República, está total y absolutamente agotado, por haber aprovechado los recursos económicos solo en favor de algunos actores políticos, económicos y medios, para tratar de mantener cierta gobernabilidad, consideró Salas.
“Creo que en 2017, se nos plantea un reto muy claro como país, el ejercicio por el gasto del presupuesto, no puede seguir siendo un privilegio de la clase política, para beneficiar a unos cuantos, sino que debe ser utilizado para garantizar a todos y cada uno, los derechos que como mexicanos, están consagrados en la Constitución”.
Señaló que cada peso debe ejercerse a la vista de la ciudadanía, y con acciones que puedan demostrarle a la población, que son ellos quienes pueden controlar la forma en que la clase política y los servidores públicos, ejercen el poder, mediante el ejercicio del gasto público.
El problema es que las personas ya no confían en los discursos, lo que quieren son hechos, dado que el presupuesto es justamente la herramienta que tienen los gobiernos, para demostrar que efectivamente se están atendiendo las prioridades de los ciudadanos. Sin embargo un presupuesto no se ejerce sin tomar en cuenta estas necesidades y solo da para atender los objetivos de la clase política.
Agregó que en coincidencia con el punto de vista del gobernador Javier Corral, las movilizaciones de enero, no son solo producto del “gasolinazo”, sino de una irritación que está ahí desde hace mucho tiempo, por lo que ante este contexto, urge que el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados, incorporen medidas de austeridad en el gasto público.
En la población, indicó el funcionario, existe el sentimiento generalizado de que al menos existen dos Méxicos: el de los privilegiados, y el del ama de casa, que día a día batalla para conseguir el sustento de su familia, o que al llevar a su hijo al médico, se encuentra con que no hay medicamentos, a los que tiene derecho, o que lleva a sus hijos a la escuela, pero carece de los suficientes recursos económicos para adquirir los uniformes y material que le exigen en el plantel.
“Eso es justamente lo que tenemos que atacar. No puede seguir existiendo un sobre ejercicio del gasto público, para mantener privilegios de la burocracia y de la clase política”. Explicó que en ese concepto, encuadra la publicidad oficial, en la que tampoco puede seguir existiendo un sobre ejercicio del recurso público, para pagar según el trato del medio, la alabanza o la crítica.
Salas Suárez consideró que se tiene que transparentar por completo la relación entre instituciones públicas y medios de información, ya que no es posible que una misma plana, se venda seis veces más cara al gobierno que al público en general. Los presupuestos de los gobiernos estatales y municipales, se deben centrar en rubros en los que se reconozcan las necesidades de la población chihuahuense.
Dijo que en 2014, el 34 por ciento de la población en Chihuahua se hallaba en situación de pobreza y el 6 por ciento en pobreza extrema, de acuerdo al CONEVAL y con la reducción del 80 por ciento en el gasto de publicidad oficial por parte del gobierno de Javier Corral, se contará con recursos suficientes para paliar esta situación.
En otros ámbitos, Chihuahua ocupa el lugar 17 en incidencia delictiva a nivel nacional, con tasa de 23 mil 943 delitos por cada 100 mil habitantes, según la encuesta nacional del INEGI. Este es el primer problema que preocupa a los chihuahuenses, el segundo es el desempleo, el tercero la pobreza, el cuarto el aumento en los precios y el quinto es el problema endémico de la corrupción.
En 2013, Chihuahua ocupaba el primer lugar a nivel nacional, con el mayor número de actos de corrupción reportados, según la encuesta de impacto gubernamental del INEGI. El 37.8 por ciento de la población, se encuentra insatisfecha con los servicios de educación pública obligatoria; el 41 por ciento con los servicios de agua potable, además con los servicios que prestan el IMSS y el ISSSTE.
La deuda pública per cápita en el estado, es de 11 mil 300 pesos por cada uno de sus habitantes, monto muy superior a la media nacional, según datos computados por México Evalúa.
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