El fiscal federal Michael Easley anunció hoy que se han presentado múltiples cargos, incluidos los de conspiración, lavado de dinero, tráfico de armas de fuego, compra nominal y declaraciones falsas a comerciantes de armas de fuego, contra cinco personas por su papel en una presunta conspiración para ingresar por contrabando a México armas compradas en el este de Carolina del Norte. Hasta la fecha, se han incautado 17 armas de fuego, en su mayoría fusiles de tipo AK-47. Cuatro de las cinco personas se encuentran bajo custodia de las autoridades luego de que un jurado de acusación federal dictara su procesamiento a finales del mes pasado.
“La Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras nos permite investigar y procesar penalmente el tráfico de armas y las redes de compras nominales que propician el flujo de armas desde Estados Unidos hacia México, y que a menudo incitan la violencia de los cárteles en ese país y facilitan la crisis de fentanilo aquí en nuestra nación”, expresó el fiscal federal Michael Easley. “Quienes participan en conspiraciones internacionales relacionadas el tráfico de armas desde Carolina del Norte se enfrentarán a la justicia en nuestros tribunales”.
“El impacto de la compra nominal y el tráfico de armas de fuego pocas veces se circunscribe a una sola comunidad o ciudad”, explicó el agente especial interino a cargo de la operación, Brian Mein. “Aquellos que deliberadamente ponen armas de fuego en manos de individuos violentos y peligrosos son una amenaza para todos nosotros”.
“Tenemos el compromiso de colaborar con nuestros socios en materia de aplicación de la ley para investigar, interceptar y desarticular a las organizaciones delictivas transnacionales que son responsables de la exportación ilícita de armas de fuego que incitan la violencia en nuestra frontera sur”, expresó Ronnie Martínez, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI) en Charlotte que cubre Carolina del Norte y del Sur. “Este procesamiento transmite un mensaje contundente a quienes trafican armas de que las fuerzas de aplicación de la ley trabajarán en forma enérgica con la Fiscalía Federal de Estados Unidos para combatir esta actividad nefasta y peligrosa y llevar a los implicados ante la justicia”.
La acusación formal establece lo siguiente:
Cortney Highsmith, de 43 años de edad, de Garland, ha sido acusada de conspiración para pronunciar una declaración falsa a un comerciante de armas de fuego con licencia federal, cinco cargos de formular declaraciones falsas a un comerciante de armas de fuego con licencia federal, compra nominal de armas de fuego y tráfico de armas de fuego. Si resulta condenada, Highsmith enfrenta una pena de hasta 15 años de cárcel.
Luis Martínez, de 29 años, de Roseboro, ha sido acusado de los cargos de conspiración para formular una declaración falsa a un comerciante de armas de fuego con licencia federal, tráfico de armas de fuego, contrabando de artículos desde Estados Unidos, conspiración con fines de lavado de dinero y por ser un ciudadano extranjero en posesión de un arma de fuego. Si resulta condenado, L. Martínez enfrentaría una pena de hasta 20 años de cárcel. L. Martínez es el único acusado que aún no ha sido detenido.
Steven Martínez, de 26 años de edad, de Tarheel, ha sido acusado de conspiración para formular una declaración falsa a un comerciante de armas de fuego con licencia federal, dos cargos de formular declaraciones falsas a un comerciante de armas de fuego con licencia federal y compra nominal de armas de fuego. Si resulta condenado, S. Martínez enfrenta una pena de hasta 15 años de cárcel.
Roberto Martínez, de 23 años, de Roseboro, ha sido acusado de tráfico de armas de fuego y conspiración con fines de lavado de dinero. Si resulta condenado, R. Martínez enfrenta una pena de hasta 20 años de cárcel.
Gilberto Hernández, de 28 años, de Selma, ha sido acusado de contrabando de artículos desde Estados Unidos y conspiración con fines de lavado de dinero. Si resulta condenado, G. Hernández enfrenta una pena de hasta 20 años de cárcel.
En la acusación formal se alega que Highsmith y Steven Martínez compraron múltiples armas de fuego a comerciantes de armas de fuego con licencia federal entre el 27 de enero de 2023 y el 7 de febrero de 2023, y certificaron que eran el “comprador/beneficiario real” del arma de fuego, pero más tarde transfirieron las armas a Luis Martínez, quién no tiene ciudadanía legal del país y, por lo tanto, tiene prohibido poseer armas de fuego. Se alega que Luis Martínez conspiró luego con Roberto Martínez, Highsmith y Hernández para transportar las armas a México. Las armas de fuego compradas por Highsmith y Steven Martínez fueron interceptadas por funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. el 19 de febrero de 2023, en el puerto de ingreso en Del Rio, Texas. El vehículo en el que se transportaban las armas se dirigía a Durango, México.
Este caso está siendo impulsado penalmente conforme a las nuevas disposiciones penales de la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras, aprobada por el Congreso y firmada por el Presidente en junio de 2022. La Ley es la primera norma federal diseñada específicamente para actuar contra el tráfico ilegal y la compra nominal de armas de fuego.
El anuncio fue emitido por Michael Easley, fiscal federal para el Distrito Este de Carolina del Norte. El caso está siendo investigado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y por Investigaciones de Seguridad Nacional, y la acción penal es impulsada por los fiscales federales adjuntos Julie A. Childress y Chad Rhoades.
Se puede consultar información y documentos judiciales relacionados con la causa en el sitio web del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Carolina del Norte o en PACER indicando como referencia el número de caso 5:23-cr-00241-BO.
Un procesamiento implica solamente una acusación. Se presume que los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
