– Tiene que responder por otro proceso de carácter local, lo mismo que Antonio T. y Gerardo V., otros implicados en el desvío de recursos, según resolución del Poder Judicial del Estado del pasado viernes
El gobernador Javier Corral Jurado precisó que los imputados en los desvíos de recursos del estado, Alejandro G., Antonio T., y Gerardo V., no serán trasladados físicamente a la Ciudad de México, ya que enfrentan otros procesos de carácter local.
Lo anterior, según resolvió el pasado viernes por la tarde el Poder Judicial del Estado, en respuesta a la resolución del Décimo Tribunal Colegiado en la que ordena que se turne el expediente y se entregue a los imputados, al juez federal Gerardo Moreno García.
En entrevista radiofónica con Aristegui Noticias, el gobernador reiteró que están tendiendo un manto de protección para Alejandro G., y para el exgobernador César Duarte, ya que no sólo fue llevarse la competencia a la Ciudad de México, sino cómo están haciendo las cosas.
Al hablar del tema después de que el Poder Judicial de la Federación resolvió llevarse el caso del exsenador Alejandro G., el gobernador Javier Corral hizo nuevas revelaciones, tales como el hecho de que el exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones solicitó tres amparos relacionados con las empresas de las que presuntamente se valió el imputado Gutiérrez para desviar los recursos en Chihuahua.
Coincidentemente, dijo, se trata de los tres casos que no han sido integrados a las solicitudes de extradición en contra del exgobernador César Duarte y que a través de esos amparos, lo que hace Beltrones es retardarlos en la PGR, a pesar de que no ha sido señalado ni en esos ni en ninguno de los casos en las investigaciones que se siguen en Chihuahua.
Dichos casos son: la empresa Asesoría y Servicios Online SA de CV; Kepler Soluciones Integrales y el “caso Educación”, los cuales suman 720 millones de pesos.
Otra revelación es que la Fiscalía General del Estado de México se metió al tema al afirmar oficialmente que “también está investigando al exgobernador César Duarte”.
En cuanto al traslado de los imputados Alejandro G., Antonio T., y Gerardo V., informó que el equipo de fiscales de la Operación Justicia para Chihuahua, le explicaron que el Poder Judicial del Estado respondió que ponen a disposición todo el expediente y el proceso y que el juez federal tendrá también a su disposición a los imputados, pero no entregarán a los detenidos, toda vez que enfrentan otros procesos de carácter local por los que deben responder.
“Esta es una precisión muy importante, yo no la sabía porque esta es una notificación del Poder Judicial del Estado, que al parecer se realizó el mismo viernes”, explicó el gobernador en la entrevista.
En estas circunstancias “a ver qué maniobra hacen ahora para tratar de llevárselo a como dé lugar, porque eso es lo que quieren, llevárselo a como dé lugar, que él no esté en prisión aquí en Chihuahua”, advirtió el mandatario estatal.
Cuestionado en torno a la carta emitida por el Consejo de la Judicatura Federal en defensa de la resolución emitida por el Décimo Tribunal Colegiado para atraer el caso del exsenador Alejandro G y los otros dos implicados en el desvío de recursos en perjuicio de Chihuahua, señaló que se trata de una respuesta inusual, pero que pone al descubierto lo que está sucediendo en torno de la Operación Justicia para Chihuahua que hoy enfrenta un embate de la Federación desde distintos órdenes, pero particularmente desde la Procuraduría General de la República.
Dijo que el comunicado de la Judicatura es muy revelador de lo que está sucediendo y hasta dónde están decididos a ir en el caso de Alejandro G., que es el asunto que ha detonado la furia del Gobierno de la República en contra de Chihuahua.
Advirtió que el Poder Judicial de la Federación ha llegado muy lejos en el caso de César Duarte, por lo que no se quedará callado ante esta manera de procesar las cosas para poder radicar allá (en la ciudad de México) la competencia de los asuntos de Duarte, “no se están radicando con jueces federales en Chihuahua, sino en la Ciudad de México y el Estado de México”.
Dijo que correspondía que el juez local de Chihuahua, que lleva el caso del desvío en contra de Alejandro G., planteara el conflicto competencial ante un tribunal con sede en la Ciudad de Chihuahua, ya que al ser un asunto de federación y estado, se suponía que debió resolverse en tribunales donde se lleva la causa, pero se apresuraron en la Ciudad de México y en un solo día sacaron el asunto.
Javier Corral planteó que el Gobierno de Chihuahua tendría dos alternativas en torno a la resolución del Tribunal Colegiado, uno sería presentar un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, el presidente de la Corte, al ser el mismo presidente de la Judicatura Federal, ya emitió una opinión en torno de este tema.
Es decir, la resolución ya no está sujeta a revisión, ni siquiera un recurso de queja, porque ya salieron a defender la actuación que a todas luces es irregular y contraria a derecho y que han determinado que el delito tiene competencia territorial en la ciudad de México porque allá se firmó el convenio de Fortafin, manifestó el gobernador.
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