Luego de la acusación mal fundada sobre las cuotas y aportaciones realizadas por funcionarios estatales de manera voluntaria o en donación, al Partido Revolucionario Institucional, cerca de 250 personas podrían demandar al hoy Gobernador del Estado, Javier Corral, debido a la filtración de datos personales.
Lo anterior lo dio a conocer Fermín Ordóñez, quien aseguró que defenderá de manera legal, mediática, política, sociales y económica, al Partido Revolucionario Institucional, por el actuar de un gobierno que utiliza los recursos públicos para una persecución de un partido, con lo cual violenta las leyes electorales.
Indicó que hasta el momento se ha tenido contacto con cientos de trabajadores de gobierno, para alistar una posible demanda penal que podría ser presentada en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y en la Auditoría Superior del Estado, todo con el fin de que establezcan acciones administrativas contra los funcionarios que filtraron datos personales por las aportaciones voluntarias al PRI.
En el tema legal dijo que la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 41, inciso C) indica que los estatutos de los partidos políticos establecerán las obligaciones de sus militantes y deberán contener entre otras Contribuir a las finanzas del partido político en los términos previstos por las normas internas y cumplir con el pago de cuotas que el partido determine, dentro de los límites que establezcan las leyes electorales, por lo cual no existe ninguna irregularidad luego de estas acusaciones de parte de funcionarios estatales.
Además indicó que los Estatutos del PRI en su artículo 60 fracciones VIII, establecen que en el caso de los servidores de la administración pública, mandos medios y superiores, y de elección popular, además de las anteriores obligaciones, tendrán que aportar mensualmente el 5 % de sus sueldos y dietas al Partido.
De igual manera aclaró que el Sistema Nacional de Cuotas Aportaciones PRI fue abalado por el Instituto Nacional Electoral de acuerdo a la Ley General de Partidos Políticos.
“En otro orden de ideas también tengo que comentar que Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, fue violada pues es evidente la flagrante violación a diversos preceptos de la Ley por parte del Ejecutivo del Estado, al haber filtrado ante los medios de comunicación el nombre de diversos empleados del Gobierno Estatal, quienes de manera voluntaria hicieron donaciones en forma constante e ininterrumpida a un organismo político electoral de sus preferencias”, dijo.
Con esto se vulneró primero que nada el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de dichos empleados, quienes al haber proporcionado sus datos personales a diversas áreas administrativas de Gobierno del Estado, sobre todo con el fin de celebrar un contrato laboral, nunca manifestaron su consentimiento para que sus datos personales fueran tratados con fines distintos, como el publicarlos en forma indiscriminada y vinculados con la definición de aspectos relativos a la esfera personal, patrimonial e íntima correspondiente a tales personas.
Además, el hecho de publicitar que dichas personas hacían donaciones a un instituto político, define las preferencias políticas de las mismas, lo que los coloca en la posibilidad de ser sujetos de discriminación o intolerancia con motivo de su ideología política.
Con motivo de lo anterior, se puede válidamente exigir responsabilidad ante el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública por transgredir las medidas de protección y confidencialidad a las que se refiere la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua y por transmitir datos personales fuera de los casos permitidos.
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