El Gobierno de Chihuahua es el único que ha acreditado ante jueces la probable responsabilidad penal, tanto de dirigentes partidistas como de servidores públicos, por el desvío de recursos para fines político-partidistas
La resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) votada de manera unánime, para imponer una multa por 36.5 millones de pesos al PRI estatal por la recepción ilegal de recursos retenidos a trabajadores de Gobierno del Estado en Chihuahua, avala la denuncia realizada al inicio de la gestión del gobernador Javier Corral Jurado.
El monto entregado al partido político en el periodo electoral 2015-2016 ascendió a 14 millones 617 mil 881 pesos, los cuales eran retenidos por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, que
sustrajo entre un 5 y un 10 por ciento del salario de los servidores públicos.
Cada mes la Secretaría de Hacienda liberaba un cheque que era depositado en una cuenta bancaria a nombre de la empresa Servicio Panamericano de Protección S.A. de C.V., mismo que era endosado para cambiarse por dinero en efectivo, que se entregaba al entonces secretario de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Pedro Mauli Romero Chávez, quien expedía recibos a favor del Poder Ejecutivo por aportaciones al mencionado partido.
Lo anterior se acreditó a través de peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR), que confirmaron la autenticidad de las firmas en los 12 recibos y que estos fueron emitidos por el funcionario del PRI.
La investigación realizada en el marco de la Operación Justicia para Chihuahua, se fundó con la información aportada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Gobierno del Estado de Chihuahua, a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade) y a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), que confirmó la existencia de un complejo esquema manejado desde la Secretaría de Hacienda, por medio del cual se retuvo ilegalmente parte de las compensaciones de los trabajadores de Gobierno del Estado.
El Gobierno del Estado de Chihuahua es el único que ha acreditado ante jueces la probable responsabilidad penal, tanto de dirigentes partidistas como de servidores públicos por el desvío de recursos para estos fines.
El propio exgobernador César Duarte Jáquez, cuenta con una orden de aprehensión girada en su contra por los recursos entregados al PRI durante su mandato.
Morelos Jaime Canseco Gómez, representante del PRI ante el Consejo General del INE, aceptó que hay elementos suficientes que acreditan los ilícitos para probar la denuncia que la Secretaría de la Función Pública estatal presentó y reprobó que con esta acción, se haya faltado al respeto a los trabajadores de Gobierno del Estado, al reconocer que fue “un agravio a su dignidad intrínseca como trabajadores”.
El Consejero del INE Ciro Murayama, mencionó que el mensaje que se envía con esta resolución, no solo es para el partido implicado sino para todos los partidos, puesto que “ningún trabajador público es empleado de fuerza política alguna y que los trabajadores del gobierno son servidores públicos, no base política, ni militancia”.
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