Con la finalidad de proteger los derechos de las personas adultas mayores en el Estado de Chihuahua, así como de establecer los requisitos para su adecuado funcionamiento; la Diputada local por el PRD en el Congreso del Estado, Crystal Tovar Aragón, presentó ante el Pleno iniciativa con la finalidad de expedir la Ley de los Centros Privados de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores.
Al hacer uso de la Tribuna explicó que con fecha 16 de agosto de 2013, mediante el decreto número 1338/2013, se aprobó la expedición de la Ley que establece los requisitos para el funcionamiento de los centros de atención residencial para personas adultas mayores en el Estado de Chihuahua; no obstante, dicho decreto nunca fue publicado y por lo tanto nunca entró en vigencia.
“En nuestro Estado desde 2010 se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua. Sin embargo, aún nos faltan cuerpos normativos que protejan a las y los adultos mayores, pero sobre todo que regulen los Establecimientos Privados que se encargan de atender a las personas mayores del Estado“, resaltó la legisladora perredista.
Con lo anterior se propone brindar una atención integral a las y los adultos mayores, con servicios orientados a satisfacer las necesidades biosicosociales que les permitan lograr una mejor calidad de vida. Además de garantizar la no discriminación de género, etnia, religión o ideología y sujetándose a las disposiciones conducentes de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Chihuahua.
“A la par que se atienden las normas oficiales mexicanas, reglamentos y demás ordenamientos aplicables, respetando invariablemente los derechos humanos, así como la dignidad e integridad personal de los residentes“, subrayó Tovar Aragón.
La presente Ley contemplará en su articulado las disposiciones generales, los requisitos para la apertura y funcionamiento, la prestación de los servicios, así como los impedimentos para admitir a una persona como residente y el perfil con el cual deberá contar el personal profesional y técnico calificado que sea contratado.
De igual manera, se establecen los articulos referentes a la seguridad de los residentes, a los derechos y obligaciones que tienen tanto el residente como sus familiares, así como a las sanciones que serán aplicables en atención a la gravedad de las mismas. Éstas serán impuestas por la Procuraduría de Protección y van desde una monestación escrita, una multa económica e incluso, la clausura temporal o permanente del centro.
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